El viernes 9 de marzo se conoció el pedido de detención de toda la comisión directiva del Ingenio La Esperanza (San Pedro de Jujuy) más sus asesores legales, y las detenciones se sucedieron hasta que la movilización logró que ayer lunes quedaran todos liberados, aunque continúan procesados.
La medida judicial
La escandalosa medida de la justicia tiene que ver con una toma de la fábrica en el año 2010 en situación de la quiebra de La Esperanza, cuando los obreros se pusieron en pie de lucha para defender sus puestos de trabajo.
La orden fue ejecutada por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas del Juzgado de Instrucción en lo Penal 5 de dicha ciudad. La misma que ordenara el brutal desalojo y represión en el Ingenio Ledesma que se cobrara la vida de Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán y que provocara más de una decena de heridos.
Inmediatamente el Sindicato Azucarero de La Esperanza junto con dirigentes azucareros de Ledesma, La Esperanza, El Tabacal, Río Grande, la CTA, organizaciones de derechos humanos, y sociales repudiaron la orden de detención a través de una conferencia de prensa. Mientras, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales declararon estado de alerta o movilización hasta que se libere los detenidos y exigiendo el fin de la criminalización de la protesta social.
Primero fueron dos los detenidos: Raúl Maigua y José Álvarez, mientras que el resto de la comisión directiva: Santiago Bonillas, José María Castrillo, Ricardo Daniel Cuellar, José Tolaba, como así también sus representantes legales: Fabián Tejerina y Enrique Alejandro Wandschneider se entregaron ayer lunes a Hs 17, luego de conseguir, mediante la movilización frente al juzgado, que la jueza acepte un rápido trámite judicial y una inmediata liberación en una causa que, según aclaró un representante legal a Radio Pueblo, no es excarcelable, pero lo hace “para mantener la paz social”.
Pasadas las 20:30 hs, los compañeros quedaron todos libres, pero la permanencia se mantuvo hasta las 24Hs ya que a dos de los detenidos se los habrían llevado al penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy, por lo tanto en asamblea se decidió que se mantendría la permanencia en San Pedro hasta que los delegados volvieran con los compañeros, sanos, salvos y libres según informó Julio Gutiérrez corresponsal de FM CAPOMA 91.5
El trasfondo de las detenciones
“A los compañeros los fueron a buscar a sus domicilios y los trataron como delincuentes”. Estas fueron las palabras de Rafael Vargas, secretario general del azúcar de Ledesma quien también habló sobre las paritarias nacionales para el sector azucarero. En cuanto a esto dijo que los ingenios de Salta y Jujuy (Ledesma, La Esperanza, El Tabacal, Río Grande) van a pedir un piso de 5 mil pesos, a diferencia de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) gremio que aglutina a los ingenios de la provincia de Tucumán que irá por un mínimo de 4.200. Hecho que todos descuentan se hallan en la base de la decisión del momento de estas detenciones.
“Estamos cuestionando cosas que antes nunca se cuestionaban” dijo Vargas y agregó “los azucareros somos perseguidos por luchar por condiciones dignas de trabajo y un salario justo”.
Los dirigentes de distintos sectores en Jujuy denunciaron la constante persecución y la falta de compromiso de la justicia para avanzar en la causa por la represión y asesinatos de cuatro personas en el desalojo a un asentamiento en el Ingenio Ledesma en julio del año pasado. En este sentido es notable y alarmante que la justicia persiga a los trabajadores y mire para otro lado en causas como las muertes en Ledesma en donde existe clara vinculación y responsabilidad de la patronal con la represión.
Para muchos, las detenciones y la persecución a los trabajadores de La Esperanza tienen relación directa con la Ley Antiterrorista y también con la presión desde la patronal para que la justicia persiga y detenga a los trabajadores combativos. En este sentido la justicia de la provincia de Jujuy ha actuado rápidamente y ya suman más de 15 luchadores sociales con causa armada. Los primeros imputados bajo esta ley fueron dos integrantes de la Corriente del Pueblo por pintadas realizadas en el Hotel Howard Johnson perteneciente al vicegobernador Guillermo Jenefes.
CAPOMA 91.5
Colectivo Radio Pueblo
Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4858
