Jujuy deberá responder ante la Corte por dar permisos mineros sin consultar a comunidades indígenas

Hoy se realiza la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia en la que la provincia de Jujuy expondrá por qué no se le consultó a las comunidades originarias de Cochinoca y Tumbaya sobre la explotación de minerales en las Salinas Grandes. También estarán presentes representantes de estas comunidades, cuya presencia en esa región de alrededor de 14 mil kilómetros cuadrados está reconocida por el estado. La audiencia se convoca por la presentación de las comunidades originarias que no fueron consultadas sobre el emprendimiento, según el derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas. La abogada que expondrá la postura de las comunidades, Alicia Chalabe, aseguró que “no se está planteando una necesidad de escuchar, una necesidad de diálogo, ni una posibilidad de entrar en algún tipo de negociación por dinero, sino que se trata de implementar en la República Argentina el derecho de consulta”.

La audiencia fue convocada por el máximo tribunal de justicia en diciembre frente a la presentación de un grupo de 33 comunidades originarias de los departamentos de Cochinoca y Tumbaya para que se cumpla el derecho de consulta ante el avance de la provincia en exploraciones en las Salinas Grandes para la extracción de litio y borato.

Según la abogada Chalabe, Jujuy ya autorizó los permisos de exploración, y en la mayoría de los casos se está pasando a la etapa de explotación. La abogada explicó qué se ven afectadas las comunidades porque “las exploraciones estas se van a hacer en un territorio que por sus características es un ecosistemas muy frágil. Producen ellos (las comunidades) allí sal tanto para consumo humano como para la venta, para su producción. Por lo tanto si es que sigue esta exploración a gran escala en el caso de Jujuy, y en el caso de Salta se avanza con proyectos de desarrollo, probablemente se produzca un déficit en ese territorio a raíz del uso de agua, o el cambio en este ecosistema que reitero, es muy frágil”.

La letrada destacó además que “no es una situación para conversar. Se trata de un tema complejo para el ejercicio de un derecho. Acá no se está planteando una necesidad de escuchar, una necesidad de diálogo, ni una posibilidad de entrar en algún tipo de negociación por dinero, sino que se trata de implementar en la República Argentina el derecho de consulta. Y en el caso de Salinas Grandes velar por esta explotación de litio. Reitero, no es objeto ni fruto de una simple conversación, sino que significa una política pública que el estado va a tener que establecer para llevar adelante estas consultas. Hay otros países en Latinoamérica que lo han hecho y que son procesos que llevan años”

Las comunidades originarias hicieron también una queja por sus derechos ante el relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, James Anaya, que estuvo el año pasado en Argentina. La expectativa es que la corte implemente el derecho de consulta, que reconoce otros derechos de los pueblos originarios. La audiencia está convocada para mañana a las 10 de la mañana en el edificio de la corte en la ciudad de Buenos Aires. Chalabe expondrá en representación de las comunidades indígenas, mientras que el Fiscal de Estado de Jujuy Alberto Matuk será el encargado del alegato por la provincia de Jujuy.

Fuente: http://www.farco.org.ar/index.php/es/actualidad/1367-la-corte-escucha-a-la-provincia-de-jujuy-por-no-consultar-a-33-comunidades-originarias-para-la-explotacion-de-salinas-grandes.html

Las 33 comunidades originarias de Jujuy estuvieron en la ONU

El tema de la exploración y explotación del Litio en Las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc llegó al ceno de la Organización de Naciones Unidas que tiene en Ginebra, Suiza, y fue presentado formalmente por los representantes de las treinta y tres comunidades y la doctora Chalabe en julio del presente año y semanas atrás estuvieron en ese país en una sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para realizar un seguimiento al caso.

En Ginebra tuvieron una experiencia que les llama la atención, que los representantes del país para tratar el tema lo hacen desde un marco teórico y no desde la práctica, hablan de acuerdo a la leyes y desde una visión de Buenos Aires.
Clemente Flores de la comunidad aborigen Sol de Mayo de El Moreno (jurisdicción de Purmamarca) y representante de las treinta y tres comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, manifestó que hace dos semanas atrás, días antes que el relator especial de la ONU llegara a suelo jujeño, estuvieron junto a la doctora Chalabe en Ginebra en una sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los representantes de las 33 comunidades originarias conjuntamente con la doctora Chalabe habían presentado el caso de Salinas Grandes en la ONU en el mes de julio del presente año y en esta oportunidad estaban haciendo una especie de seguimiento al caso.

También agregó que en Ginebra es otro paradigma el tema de los representantes del país para tratar el tema de las comunidades, ellos no conocen la realidad de las comunidades, dicen cualquier cosa que no coincide con la realidad.

Por esa razón los de las comunidades conjuntamente con la doctora Chalabe tuvieron varios inconvenientes, ellos plantearon las realidades que se viven en la provincia de Jujuy y no con la visión de Buenos Aires, de acuerdo a lo que dice una ley y no se ejecuta dentro de la provincia.

Es decir que los representantes hablan desde un marco teórico y no desde la práctica. Por esta razón perjudican las decisiones de las comunidades.

Los trayectos que vienen viviendo las comunidades no son de ayer, es desde hace mucho tiempo, desde los antepasados, aun con las modificaciones culturales, pero que se mantienen de una u otra forma una vida y esa vida no se debe perder.

En este caso la gente que no vive esa vida difunde otra cosa que no es la realidad, no están comprometidos con esa realidad.

Al desconocer pueden confundir a la gente y a las mismas comunidades que no tienen reacciones.

Al consultarle que significó para las 33 comunidades la visita de James Anaya al país, dijo que la llegada del Relator Especial de la ONU a la Cuenca para ellos fue sorprendente porque es una muestra preocupación del relator, y que llegue a ver la realidad de las comunidades, de las Salinas, del problema que están pasando como el tema del agua, de la consulta previa a las comunidades que no se hacía, el tema de las tierras que el Gobierno dice que entrega y que en la Cuenca de las Salinas no se entregó a nadie, siguen perjudicando a las comunidades.

El tema del litio no se conocía, pero el relator tiene mucho conocimiento ya que la demanda la tenía en sus manos.

Por otra parte, Nicolás Alancay coordinador de la comunidad aborigen de Aguas Blancas, aseguró que el tema de la minería de Litio sigue avanzando, mas en el territorio de Salta que en tierras de la provincia de Jujuy.

Los territorios de las comunidades de Jujuy todavía no fueron afectados. Están preocupados porque temen que suceda los de Salta en Jujuy, ellos ya vieron lo que está pasando en Olaroz (Susques) y no quieren que sucédalos mismo en Las Salinas.

En Olaroz un cincuenta por ciento está a favor de la minería y otro cincuenta por ciento está en contra, entonces no hay dialogo.

En Olaroz las empresas están comprando las decisiones de los comuneros y por ello no hay dialogo con la gente.

Los comuneros son elegidos por la comunidad para que los represente y defienda, luego los comuneros están a favor de las empresas aduciendo que es por la fuente de trabajo y ya no se fijan en el medio ambiente y en las preocupaciones de las comunidades.

Según fuentes extraoficiales el 2 de Diciembre se aprobaron las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU respecto de Argentina y en la Recomendación Nº 9 toca especialmente el caso Salinas Grandes.

El Comité está preocupado por la persistencia de las amenazas, los desplazamientos y desalojos violentos de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias.

El Comité también lamenta las deficiencias en los procesos de consulta con las comunidades indígenas afectadas, que en algunos casos han llevado a la explotación de los recursos naturales en los territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellos sin su consentimiento libre, previo e informado y sin una indemnización justa y equitativa, en violación de la Constitución (art. 75) y el Convenio N º 169.

El Comité está especialmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (Salta y Jujuy) en el medio ambiente, acceso al agua, forma de vida y subsistencia de las comunidades indígenas (arts. 1, 11 y 12).

El Comité recomienda al Estado Parte que adopte las medidas necesarias para detener violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y que rindan cuentas a los responsables de tales actos ilícitos.

El Comité insta al Estado Parte a que introduzca siempre en las consultas efectivas con las comunidades indígenas antes de conceder concesiones para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellos para las empresas del Estado o de terceros, cumpliendo con la obligación de obtener el consentimiento libre, previo y el consentimiento informado de quienes se ven afectados por las actividades económicas mencionadas.

El Comité también recomienda que el Estado Parte garantice que en ningún caso la explotación de ese tipo constituye una violación de los derechos reconocidos en el Pacto y que la compensación justa y equitativa se concede a las comunidades indígenas.

El Comité también insta al Estado Parte que garantice la protección de las comunidades indígenas durante la ejecución de proyectos de exploración minera y la explotación. Con respecto a Salinas Grandes, el Comité insta al Estado Parte a cumplir con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, cuando esté disponible.

El Comité recuerda en este contexto su declaración sobre las obligaciones de los Estados Partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales.

Fuente: Periodico Lea