La Comunidad de Santa Ana de la Puna, departamento de Cochinoca, se presentaron ayer en el Juzgado de Minas para expresar su rechazo a los que calificaron como “mega emprendimientos mineros” otorgados por dicha institución. Los descendientes de los pueblos originarios, alegando derechos constitucionales, rechazan la explotación de litio en los salares, la oferta de cualquier compensación económica y exigen la nulidad de todo proyecto minero a gran escala que ya esté funcionando y los futuros emprendimientos.
Las comunidades sostienen que para la extracción de litio, si es que finalmente ocurre, se bombearán miles de litros de agua al día de los mantos subterráneos de los salares que luego serán evaporadas para obtener el mineral, lo que redundará en consumo diario de entre 33 y 35 millones de litros de agua dulce.
Según representantes de la comunidad, la denuncia se realizará mediante la presentación de un acta-documento consensuada durante la realización de una asamblea realizada por la comunidad el día 8 de noviembre pasado.
En el documento se denuncia la disconformidad de las comunidades por: “el otorgamiento realizado a las empresas que están trabajando en la comunidad y el atropello y avasallamiento que estamos sufriendo al no ser consultado sobre las decisiones que se atribuyen sobre nuestro territorio, dichos trabajos no fueron consultados a los vecinos ni a las instituciones del lugar”.
Tajantemente señalan que no aceptan “por ninguna causa estos emprendimientos ya que con la experiencia de otras comunidades vecinas seremos los primeros perjudicados y afectados porque vivimos de la agricultura y ganadería ancestralmente”.
También aseguran que rechazarán “toda oferta (regalías) que pudieran ofrecernos y exigimos la nulidad de todo proyecto minero a gran escala que esté ya trabajando y los futuros emprendimientos”.
En una asamblea realizada en el Santuario de Tres Pozos, otro grupo de comunidades resolvió: rechazar la minería de Litio y de otros minerales, rechazar la creación de JEMSA (Jujuy Energía y Minería SA) por parte del Estado provincial. También expresaron su rechazo al Polo Minero Industrial planeado en Susques.
Entre las exigencias enumeran: La entrega de títulos de territorios comunitarios, acceso de agua en cantidad y calidad para las comunidades, no seguir con la autorización de cateos mineros, identificar y proteger las cuencas hídricas subterráneas y superficiales, para que estén disponibles para las comunidades, la plena participación de las comunidades en la toma de decisiones.
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