La concejal capitalina Alejandra Mollón, volvió a requerir medidas al Gobierno provincial para proteger a las economías regionales de los perjuicios que causa la crónica escasez de combustible. Mollón anticipó que una vez abierto un nuevo período de sesiones en el Deliberativo comunal, insistirá en la necesidad de tomar medidas concretas en la materia.
El problema (dijo Mollón) debe ser atacado por todas las vías posibles. “La primera de ellas, que el propio Gobierno provincial adopte mecanismos para asegurar que el aprovisionamiento satisfaga la demanda real, al tiempo que se gestione ante el Ministerio de Infraestructura de la Nación y la Secretaría de Energía un subsidio no reintegrable (similar al que goza la Patagonia) que resguarde a la actividad productiva local”, explicó.
Desde su banca como diputada provincial, Mollón presentó en 2011 un proyecto de declaración en tal sentido, y ahora, en vista de las renovadas quejas formuladas por numerosos ciudadanos advirtió que “la situación debe ser abordada sin dilaciones, apuntando a medidas concretas que solucionen los problemas de la gente”.
Además de las medidas coyunturales, la concejal consideró necesario indagar sobre las causas que provocan desabastecimiento, instando a los legisladores provinciales y nacionales a que promuevan “un nuevo régimen regulatorio para la actividad petrolífera”.
“Según entendemos, hay un extraordinario nivel de concentración en el rubro, donde las dos principales firmas (YPF y Shell) aglutinan todas las actividades del proceso productivo. Esto es, no solo tienen a su cargo la extracción y refinamiento del crudo, sino también absorben las tareas de transporte, comercialización y venta al público. Esta situación permite que, en contextos en donde los precios internacionales hacen mucho más rentable la exportación del producto, no haya alternativas que aseguren la provisión al mercado interno”, apuntó.
A esto se le suma la incidencia creciente del mercado internacional en los costos nacionales del sector (suba en el precio del petróleo), “agravado con las privatizaciones de empresas nacionales como YPF que generaron un cambio profundo en la modalidad de comercialización por la cual las petroleras financiaban a los estacioneros la compra de combustibles hasta que las deudas (por reducción de los márgenes de ganancia) limitaron sus posibilidades de pago o redujeron significativamente sus márgenes de ganancia. El resultado se tradujo en el cierre de más de 2500 estaciones de servicio en todo el país”, recordó Mollón.
“En las últimas semanas, los especialistas sumaron más causas al desabastecimiento: en los últimos 15 años se duplicó el parque automotor y, simultáneamente, en el mismo período, se produjo un 20% menos de petróleo en el país. A esto se suman las medidas de fuerza de los trabajadores que durante 2011 interrumpieron la actividad en los campos petroleros de Santa Cruz”, indicó.
Respecto de la realidad provincial, la concejal sostuvo que Jujuy se ve particularmente perjudicada por la distancia con los centros de refinamiento de combustibles y por su escasa incidencia en el mercado nacional, agregando que “el precio diferencial del combustible para el agro en la práctica ha desaparecido, porque la merma en la provisión obliga a abastecerse a cualquier precio, a riesgo de alterar y –eventualmente- distorsionar la estructura de costos. Situación que se repite con los transportistas que, a falta de combustible subsidiado, se ven obligados a pagar precios superiores en Jujuy para cubrir los recorridos concesionados”.
De allí que la edil, además de expresar su solidaridad con los usuarios y estacioneros, expresó que es necesario proponer e impulsar un nuevo régimen de combustibles que “respete los principios de razonabilidad y equidad, y que garantice el aprovisionamiento suficiente en San Salvador de Jujuy y en toda la provincia”.
Fuente: El Libertario
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