La lucha por las tierras entre el estado y la gente hizo que la justicia dictara una medida de no innovar, prohibiéndose al Estado Provincial y al municipio de Perico desalojar a quienes están allí hasta tanto se resuelva el amparo judicial, que interpuesto la Comunidad Originaria “Qollasubarro”, de la que son parte muchos de los arrendatarios.
Cabe destacar que varios arrendatarios se rescindió el contrato de arriendo, y se les había pedido que abandonen las tierras para construir allí viviendas en el marco de “Un lote para cada familia que lo necesite”.
Los arrendatarios se organizaron, e impidieron que entren personas a ocupar, y especialmente que entren máquinas para empezar a trabajar en el terreno de las futuras viviendas.
Los arrendatarios no desconocen el derecho de una parte importante del pueblo a tener su vivienda, pero señalan otras tierras, como las de los Roggio, que están rodeando el pueblo y que pueden ser afectadas a la construcción de viviendas, y no que se toque el lugar en el que familias con tres generaciones atrás vienen trabajando la tierra con plantaciones, incluso de árboles, etc.
Fuente: Jujuy online
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