Representantes de la empresa azucarera, el Gobierno provincial y el municipio de Libertador General San Martín encararon esta semana la última negociación con posterior acuerdo para la entrega de lotes a las familias que reclamaban un terreno.
La Corriente Clasista Combativa informó hoy, en un parte de prensa que el ingenio Ledesma cedió el predio, conocido como "El Triángulo", donde el pasado 28 de julio se había producido un violento desalojo que dejó cuatro personas muertas, casi un centenar de heridos, varios de ellos con disparo de armas de fuego y decenas de detenidos.
Ese sector, que comprende 15 hectáreas, desde la fecha mencionada, los militantes de la agrupación piquetera, están asentados y nunca se movieron del lugar, que esta ubicado en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, distante a unos 106 kilómetros al este de esta capital.
El líder local de la CCC, Enrique Mosquera, dijo que “esto es un hecho histórico haber logrado un acuerdo por El Triángulo y otra extensión de tierra para el beneficio de los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa”.
Dijo que “nuestra organización social va a continuar la lucha, exigiendo justicia por el crimen de cuatro personas”, sucedidas el pasado 28 de julio durante le desalojo.
La madrugada del 28 de julio, el juez sampedreño Jorge Samman ordenó el desalojo del predio ocupado por unas 700 familias que eran coordinadas por la CCC. El operativo recayó en la Policía provincial donde se produjo un enfrentamiento con los manifestantes y arrojó el trágico saldo de tres ocupantes y un policía muertos.
De lo que se conoce de la causa hasta el momento es que hubo detenciones en donde se involucraron a tres personas entre ellas, la de un remisero de la zona, que habrían accionado las armas de fuego durante el enfrentamiento.
A todo esto, la empresa Ledesma requirió en agosto pasado presentarse como querellante en la causa, la cual no fue aún contestada por el propio juez Samman, quien sigue atendiendo en la situación.
El gobierno provincial también es querellante en la causa, lo que fue fuertemente criticado por la triple C y diversos organismos locales.
El fiscal Emilio Carlos Cattan promovió el 1 de setiembre una acción penal por el delito de usurpación de tierras que también obra en el expediente donde se investigan las 4 muertes.
Los abogados de la CCC presentaron un escrito pidiendo la nulidad de una de las querellas y denunciaron que se trataba de una maniobra a favor de la empresa Ledesma.
Los detenidos hasta el momento son acusados por el crimen del policía Alejandro Farfán, mientras se sigue la investigación para dar con los responsables de las muertes de los civiles Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velázquez.
Según la triple C, los responsables de las muertes de los manifestantes son la Policía provincial que actuó en conjunto con personal de la propia empresa Ledesma, y señalaron que esa línea investigativa es la que se intenta desviar, aún con las declaraciones de numerosos testigos que hasta el momento fueron citados por la Justicia.
Fuente: Agencias de noticias
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