Dos detenidos por las muertes en Libertador

Policía de la provincia informó, ayer, que ya son dos los detenidos por la causa abierta a raíz de los cuatro muertos ocurridos en el desalojo efectuado el 28 de julio en Libertador, en tierras del ingenio Ledesma.

Están identificados como Mario Tapia (38), un remisero de la localidad de Libertador Gral. San Martín y el joven Aldo Claros, que es amigo de Esteban Segovia, hijo de una dirigente de la CCC de esa ciudad. Segovia también había sido detenido, pero luego fue liberado.

Tapia fue arrestado el viernes pasado en horas de la noche, sobre la ruta nacional 34 en el paraje conocido como Rio Zora y este fin de semana, fue trasladado al penal de Villa Gorriti en esta capital, mientras que Claros fue detenido en la madrugada de hoy, en Libertador, junto a Segovia.

Cabe destacar que la causa esta radicada en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 6 a cargo de Jorge Osvaldo Samman, Secretaría Nº 12, del Centro Judicial San Pedro de Jujuy.

La carátula del expediente penal es “atentado y resistencia a la autoridad calificado seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra personas a establecer-Libertador General San Martín”.

Por su parte la CCC pidió nuevamente el alejamiento del juez de la causa, Jorge Samman. La organización social emitió un comunicado en el que expresa:



Denuncian torturas en el marco de la investigación de lo ocurrido en Libertador Gral. San Martín.

¿Por qué el juez Samman no se aparta de la causa?

Hace más de diez días que el juez Samman fue recusado con causa, por tener interés directo en la investigación de las cuatro muertes de Libertador y más de medio centenar de heridos que arrojó la represión que él mismo ordenó en el marco del desalojo de las tierras hoy expropiadas.

A pesar de ser evidente su interés en la causa, Samman no se aparta. Y no solo rechaza la recusación, sino que demora injustificadamente el envío del incidente de recusación a la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal a fin de que resuelva su situación.

Si el juez Samman fue servil a la empresa Ledesma al ordenar fugazmente el desalojo de las hectáreas ocupadas - al margen de las necesidades del pueblo que en un triunfo histórico consiguió la expropiación de 40 ha , única salida posible al problema habitacional de la localidad-. ¿Qué debe seguir garantizando el juez para que no se aparte de la causa?

Tenemos policías implicados llevando a cabo la investigación, balas que cambian de calibre desde la autopsia hasta los informes, balas custodiadas por los que tal vez las dispararon, antes de llegar a la Gendarmería, un gobierno provincial responsable de la represión policial, no puede ser considerado víctima y por eso querellante en la causa; mientras se sigue investigando a las víctimas que sufrieron la represión, con sábanas telefónicas pedidas a las empresas prestatarias, y lo último: se detiene en calidad de “testigo” a personas a las que con torturas se les exige que reconozcan armas. Así ocurrió esta madrugada (22 de agosto) con ESTEBAN SEGOVIA, hijo de una de las principales dirigentes de la CCC de Libertador Gral. San Martín. Se lo golpeó para que reconociera un arma vieja, y después lo obligaron a firmar algo que no pudo leer. Así están las cosas en Jujuy y en esta causa.

Estas torturas se suman a las acciones gravísimas realizadas cuando se detenía a gente en medio del desalojo: balas de goma disparadas a cinco metros a una joven que estaba parada sola sin ejercer resistencia delante de dos policías; una joven embarazada maniatada contra el piso que cuando pidió agua en la comisaría le dieron una botella con orina; mujeres detenidas desnudadas totalmente frente a una decena de policías hombres en la comisaría de Fraile Pintado; torturas que terminaron con jóvenes internados con fractura de mandíbula, de pómulo, y otro con la piel caída de la golpiza recibida (parte del medio centenar de internados y hoy denunciantes y querellantes, como Bocaripe).

El más elemental sentido común -ya no hablamos de derecho- da cuenta de que la orden de desalojo, su procedencia, y su forma de llevarse a cabo, es parte de lo que debe investigarse en la causa judicial que tuvo consecuencias tan caras para el pueblo de Libertador. Y también el más elemental sentido común indica que si Samman no se aparta, es porque debe garantizar algo. ¿Qué debe garantizar? ¿Dar con un imputado que tape como una cortina de humo la responsabilidad de Ledesma y la policía en las muertes? ¿Relevar la responsabilidad de la empresa en el operativo conjunto con la policía provincial que arrojó cuatro muertes? ¿Debe vengar a la empresa que fue expropiada persiguiendo a los dirigentes de las ocupaciones, como Kike Mosquera?

Si Samman no se aparta de la causa, es porque debe garantizar algo esencial para Ledesma. Nada de lo que ocurra en el expediente resulta creíble con Samman como juez. Menos aún cuando se tortura para lograr declaraciones, aunque todos sepamos que son ilegales. La causa judicial viene siendo una farsa, y todo está teñido de ese color. Por eso, aunque se detenga a un remisero, MARIO TAPIA, nada parece serio. Nada resulta creíble.

Esta semana un recuso de queja por retardo de justicia contra el Juez Samman está por ser presentada para que la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal tenga el expediente en el que se debe resolver el apartamiento del juez Samman de la causa.

Cuando se aparte, recién allí, existirá alguna posibilidad de avanzar de verdad en un camino en el que podamos tener “un Pedraza” preso. Por ahora, los crímenes en Jujuy parecen no valer lo mismo que los crímenes en Buenos Aires.

Quique Mosquera: 03886-15460350- Aníbal Ibáñez: 03886-15501309 CCCJujuy

CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Libertador General San Martín, 22 de agosto de 2011

Esta madrugada, según la CCC, la policía detuvo en Libertador Gral. San Martín a Esteban Segovia, hijo de una de las principales dirigentes de la CCC y Aldo Claros, amigo de Segovia. Uno de ellos fue liberado esta mañana, y Claros quedo arrestado y fue trasladado a esta capital, como supuesto implicado en las muertes que sucedieron ese día.

La abogada de la CCC, Mariana Vargas manifestó que “Segovia fue golpeado para que reconociera un arma vieja, y después lo obligaron a firmar algo que no pudo leer, al igual que Claros, que aún sigue detenidos y lo acusan de las muertes que sucedieron durante el desalojo”, donde perdieron la vida Alejandro Farfán (22 años, policía), Juan Velázquez (37), Félix Reyes Pérez (21) y Aldo Farfán (17).

Fuente: Agencias de noticias/Radio Minka