En una sesión especial realizada anoche, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 5679 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de 40 hectáreas de propiedad de la empresa Ledesma, con destino a “satisfacer necesidades sociales de la población del lugar”.
La ley de expropiación, que fue considerada histórica por el diputado ledesmense Pedro Olver Legal, estipula que el Poder Ejecutivo realizará los trámites tendientes a la expropiación de la fracción del inmueble referido, pudiendo actuar el procedimiento de expropiación de urgencia y compensar el depósito respectivo con los créditos que correspondan al Estado provincial por tributos adeudados en razón del inmueble de que se trata.
El Frente Primero Jujuy no apoyó la iniciativa por considerar que las decisiones en esta materia deben apoyarse en estudios serios sobre las demandas habitacionales en Libertador.
Por otro lado, la Legislatura aprobó por unanimidad en la sesión especial de anoche la creación de la “Comisión Parlamentaria Extraordinaria Investigadora por la Verdad y la Justicia”, que tiene por misión esclarecer los graves episodios acaecidos en la ciudad de Libertador el pasado 28 de julio y precisar las responsabilidades políticas.
La resolución de creación estipula que la comisión podrá recibir denuncias y material probatorio sobre los hechos que se investigan; requerir y recibir declaraciones testimoniales, efectuar careos; realizar inspecciones oculares, solicitar informes escritos u orales, requerir el envío de documentación a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de administración pública provincial o municipal o de entres descentralizados, autónomos o autárquicos, y a toda persona jurídica de existencia física e ideal. También queda facultada a establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.
Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación es otra de las facultades que se confiere a la comisión. Además, podrá requerir la presencia de funcionarios y personas por la fuerza pública.
El violento desalojo de los ocupantes de “El Triángulo”, que culminó con el luctuoso saldo de cuatro personas muertas, fue el detonante para que miles de familias de casi todos los estratos sociales de Libertador General San Martín, salieran en busca de un lugar donde vivir.
Abundan los testimonios de hacinamiento, de viviendas compartidas por tres familias o más y de los altos alquileres que se deben pagar por pequeñas viviendas de poca calidad. Los terrenos disponibles tienen precios prohibitivos, cien mil pesos por doscientos metros cuadros no están al alcance del ciudadano medio de Libertador.
Ahora, cada espacio del oeste de la ciudad está “loteado” y ocupado por una familia que reclama ese pedazo de suelo. Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó la toma masiva de terrenos, pero todos coinciden en que fue a través de los mensajes de textos que se corrió la voz y rápidamente se organizaron por sectores laborales para ocupar los terrenos del Ingenio.
Los ocupantes aseguraron que hasta el momento no fueron convocados por ningún representante del Estado, tan sólo se acercó a ellos -dijeron- el personal de seguridad del Ingenio a ver lo que estaban haciendo.
El gobernador de la Provincia, Walter Barrionuevo, afirmó que las personas que están ocupando terrenos en la zona de Libertador General San Martín están siendo inducidas de forma irresponsable por gente que quiere aprovecharse de la situación y si persisten en esa actitud no podrán acceder en el futuro a una vivienda porque están actuando fuera de la legalidad.
Barrionuevo encabezó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la que pidió mesura a la gente que está ocupando terrenos y que no se deje engañar por aquellos que sólo buscan generar más conflicto. Adelantó también que se llevará a cabo un censo a estas personas a los fines de ir confeccionando una base de datos de los mismos.
Agregó a este comentario que si persisten en esa actitud no podrán acceder en el futuro a una vivienda porque están actuando fuera de la legalidad; no es el camino correcto el que eligieron.
El Dirigente Carlos Santillán expresó que “continuamos en estado de alerta y movilización, y la situación es que queremos que aparezcan los responsables. Esta es una situación que todos los jujeños venimos conociendo de hace tiempo: los que no están en el circuito de las organizaciones sociales que responden al Gobierno no acceden a viviendas, y a esto lo conocen los periodistas, el Gobierno, lo conoce todo el mundo. Acá las únicas viviendas que se hicieron fueron las organizaciones que les responden a la Presidenta Cristina Fernández y al Gobierno provincial. Después se produjeron asentamientos, y cada asentamiento que se produjo fue perversamente reprimido. Hace 2 o 3 meses en barrio El Chingo se reprimió brutalmente, también se tiraron gases en las casas, y lamentablemente, en Libertador se traspasó una línea, que es la línea de la vida”.
“Como Comisión de Derechos Humanos”, continuó Santillán, “como movimiento Tupaj Katari, también tenemos muertes impunes como son las de Condori, Vargas, Cuellar e Ibáñez., de las cuales no se sabe nada aun. Creemos que se tiene que terminar todo esto. Ahora que esto se nacionalizó, creemos que se tiene que terminar la impunidad en Jujuy, se tiene que terminar de una buena vez, y tienen que aparecer los responsables de las muertes en Libertador. Y también tienen que estar los responsables políticos de esas muertes, alguien sabía que iba a pasar esto. No podemos decir si era la gente de la guardia del Ingenio como expresó el Gobernador, se dijo que la logística del Ingenio estaba ahí. No sabemos si será la guardia, la policía, sea quien sea tiene que aparecer la responsabilidad de quienes tiraron. No puede ser que haya ocurrido la masacre de 4 hijos del pueblo de Jujuy muertos en una situación de defensa de un derecho tan fundamental que es pedir que tengamos viviendas”.
En este mismo sentido, Santillán agregó que “por otra parte, consideramos que el Gobierno tiene que encarar un plan urgente en toda la provincia con relevamiento de las necesidades que la gente tiene de viviendas, tienen que hacer una cosa universal y no direccionada en un sistema clientelista, que le puede servir en la coyuntura pero en el fondo seguirán pasando situaciones muy graves. Creemos que es el momento en que todos se replanteen con responsabilidad el rol que están jugando, y el Gobierno sobre todo, porque es el más responsable”.
Fuente: Agencias de noticias
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